El aprendizaje a lo largo de la vida — marco que el Proyecto Educativo Nacional al 2036 ya reconoce y que orienta la agenda educativa global — requiere de la EPJA como su principal instrumento de polÃtica pública. La entendemos como un derecho habilitante: la condición que permite el ejercicio efectivo de otros derechos fundamentales — al trabajo digno, a la participación ciudadana, a la salud, a la identidad. La EPJA es una condición necesaria para la cohesión social, la formalización laboral y la gobernabilidad democrática. La magnitud del desafÃo lo confirma: más de 8 millones de personas no han completado su educación básica y solo 181 mil son atendidas en CEBA. Más de 1.17 millones de jóvenes ni estudian ni trabajan. El 94.4% de quienes solo completaron primaria trabaja en la informalidad. Frente a esta realidad, hemos identificado la necesidad de construir una gobernanza nacional que articule lo que hoy opera de manera dispersa — CEBA, CETPRO, educación comunitaria, programas de formación laboral — y de establecer mecanismos de reconocimiento y certificación de aprendizajes que validen las competencias que las personas ya han adquirido en el trabajo, en la comunidad y en la vida.