La congresista Flor Pablo Medina explica los alcances de una iniciativa que busca garantizar el derecho a la educación de más de 8 millones de personas que no han culminado la educación básica en el país. 

En el Perú, más de 8 millones de personas mayores de 15 años no han culminado la educación básica. A ello se suma una alta tasa de informalidad laboral que supera el 70% y un desempleo juvenil que alcanza más del 10,7%. Frente a esta situación, el Grupo Impulsor por la Educación de Personas Jóvenes y Adultas, con el apoyo técnico de DVV International, impulsa un proyecto de ley para la creación del Sistema Nacional de Educación de Personas Jóvenes y Adultas. 

En esta entrevista, la congresista Flor Pablo explica por qué esta propuesta busca responder a una de las principales brechas educativas del país y cuáles son los próximos pasos para que se convierta en ley. 

Una aliada estratégica para la educación de personas jóvenes y adultas 

Flor Pablo es educadora y política peruana, actualmente congresista de la República para el periodo 2021–2026. Anteriormente se desempeñó como ministra de Educación entre 2019 y 2020 y cuenta con una amplia trayectoria en el diseño e implementación de políticas educativas, especialmente orientadas a poblaciones en situación de vulnerabilidad. 

Desde el Congreso, ha impulsado iniciativas vinculadas al derecho a la educación y la igualdad de oportunidades, y ha acompañado el proceso de construcción del proyecto de ley para la creación del Sistema Nacional de Educación de Personas Jóvenes y Adultas. 

¿En qué consiste el proyecto de ley y por qué es tan relevante para el contexto actual del Perú? 

El proyecto de ley busca crear el Sistema Nacional de Educación para Personas Jóvenes y Adultas con el objetivo de resolver dos problemas públicos muy importantes. El primero es que en el país hay más de 8 millones de personas que no han terminado la primaria ni la secundaria, lo que limita seriamente sus oportunidades de desarrollo personal, laboral y ciudadano. 

El segundo problema es que esta población joven y adulta ya forma parte de la dinámica productiva del país. Son hombres y mujeres que trabajan, emprenden o sostienen a sus familias, pero en muchos casos lo hacen en condiciones de informalidad y sin las herramientas necesarias para mejorar sus oportunidades. 

Lo que busca el proyecto es ponerse al día con esa población que el sistema educativo dejó rezagada y fortalecer el capital humano del país. También tiene un componente ciudadano muy importante: una persona que no comprende lo que lee o que no cuenta con herramientas básicas para desenvolverse en el mundo letrado tiene más dificultades para ejercer plenamente su ciudadanía, incluso para tomar decisiones informadas. 

¿Cómo se construyó esta propuesta de ley y qué actores participaron en su elaboración? 

La propuesta es el resultado de un proceso de trabajo conjunto con diversas instituciones que conforman el Grupo Impulsor por la Educación de Personas Jóvenes y Adultas y con aliados como DVV International. 

El proceso se viene desarrollando desde hace varios años. Cuando fui ministra de Educación, en 2019, ya se había identificado la magnitud del problema y la falta de articulación entre las instituciones. A partir de ese momento se generaron espacios de diálogo y trabajo técnico que permitieron construir un documento base con consenso entre distintos actores del Estado y la sociedad civil. 

Por eso se trata de una propuesta que no solo tiene legalidad, sino también legitimidad. Además, se ha buscado que sea un proyecto multipartidario, porque no responde a una sola bancada, sino a una necesidad del país. 

¿Qué plantea el proyecto para mejorar la atención a las personas jóvenes y adultas? 

Uno de los principales aportes del proyecto es que propone una nueva forma de gobernanza para la educación de personas jóvenes y adultas. Se trata de un problema complejo que involucra a millones de personas y que no puede ser atendido únicamente por el Ministerio de Educación. 

Por ello, la propuesta plantea una institucionalidad que permita articular el trabajo con otros sectores como Trabajo, Producción y los gobiernos regionales y locales. También busca fortalecer el enfoque territorial para llegar incluso a las comunidades más alejadas del país. 

La idea es contar con un sistema que permita desarrollar capacidades en jóvenes y adultos para que puedan ser más productivos, mejorar su calidad de vida y ejercer plenamente su ciudadanía. 

¿Cuáles son los próximos pasos para que esta propuesta se convierta en una ley? 

El proyecto ya ha sido presentado en el Congreso y el siguiente paso es continuar con el proceso para lograr su aprobación. En este nuevo contexto, será importante que los próximos congresistas puedan retomar esta propuesta, hacerla suya y continuar impulsándola. 

El trabajo técnico ya está avanzado y lo que corresponde ahora es la gestión política para que pueda aprobarse. 

¿Qué cambios espera para el país si se aprueba esta ley? 

La aprobación de esta ley permitiría avanzar de manera concreta en garantizar el derecho a la educación de millones de jóvenes y adultos en el Perú que han sido excluidos del sistema educativo. 

Además, permitiría fortalecer el capital humano del país, mejorar las oportunidades laborales de muchas personas y contribuir a una ciudadanía más informada y participativa. No puede haber una democracia sólida si no se garantiza el derecho a la educación para todos.