La educación de jóvenes y adultos se ha convertido en un tema clave dentro del debate electoral peruano, revelando una deuda histórica que impacta en la inclusión social y la productividad nacional. Más de ocho millones de personas mayores de 15 años no han culminado la secundaria, y cerca de 1,5 millones de jóvenes forman parte de la población “NINI”, sin estudiar ni trabajar, lo que refleja la urgencia de políticas públicas sostenidas.

Esta nota de Gestión destaca que esta brecha educativa no solo limita el acceso a empleo digno, sino que también reduce la competitividad del país frente a los retos regionales y globales. Estudios internacionales advierten que mantener altos niveles de jóvenes y adultos sin competencias básicas podría costarle al Perú hasta el 18% de su PBI hacia 2030, un impacto económico que convierte la educación en un asunto estratégico más allá del ámbito escolar. En este contexto, la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) aparece como una herramienta fundamental para garantizar aprendizajes a lo largo de la vida, validar saberes previos y ofrecer capacitación técnica vinculada a cadenas productivas.

Organizaciones como DVV International Perú y el Grupo Impulsor de la EPJA han convocado a partidos políticos y especialistas para discutir propuestas concretas que fortalezcan estas rutas educativas, vinculándolas con empleo formal, productividad y ciudadanía plena. La expectativa es que el próximo gobierno incorpore este desafío como eje central de su agenda, reconociendo que sin educación intergeneracional no hay desarrollo sostenible ni democracia sólida. La deuda educativa, hasta ahora invisibilizada, debe convertirse en prioridad nacional.

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